AEDAF - Lista de resultados Autores

1.281: PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO; Documentos-Autores, 1 de Noviembre de 1992; El 1 de enero de 1993 entrará en vigor la nueva ley española del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuya principal finalidad es la de adaptar nuestra legislación interna a las normas de la directiva 91/680/CEE, reguladora del régimen jurídico del tráfico intracomunitario. Al mismo tiempo se introducen importantes modificaciones en materia de tipos impositivos y se introducen diversos retoques técnicos. El nuevo texto es mucho más frondoso que el anterior en extensión, ya que no en número de artículos. Pero esta frondosidad no debe espantarnos demasiado ya que no es debida a una mayor complejidad técnica de la nueva regulación, sino a la incorporación al texto legal de la mayoría de normas reglamentarias anteriores que tenían carácter sustantivo. Se trata de un proceso de reglamentización de la ley, análogo al que sufrió la ley del IRPF en su versión 18/91. Con el objeto de facilitar a los asociados la -de otra manera- laboriosa confrontación e indagación de las variantes, ofrecemos a continuación un resumen de las novedades más destacables.; PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1.282: POSIBILIDAD DE OBTENER LA SUSPENSIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA MEDIANTE GARANTÍA DIFERENTE DEL AVAL BANCARIO (Sentencia del TSJ de Valencia de 8-6-92); Documentos-Autores, 1 de Octubre de 1992; El artículo 81-4 del RPREA contiene una enumeración de formas posibles de las garantías a prestar ante los TTEEAA a fin de obtener la suspensión de los actos impugnados: «La garantía a constituir por el reclamante para obtener la suspensión será puesta a disposición del Tribunal y podrá consistir: a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, o en su caso, en la Corporación o entidad interesada. b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco o banquero registrado oficialmente, por una Caja de Ahorros Confederada, Caja Postal de Ahorros, o por Cooperativa de Crédito calificada, con la limitación, en este último caso, que establece el artículo 51-3 de la Ley General de Cooperativas de 19 de diciembre de 1974. c) Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de la localidad de reconocida solvencia, sólo para débitos inferiores a 100.000 pesetas.» Hasta el presente, venía interpretándose usualmente que la anterior enumeración constituía «numerus clausus», por lo que no eran admisibles otras formas de garantía. Teniendo en cuenta la limitación cuantitativa de la garantía de fianza personal y la discrecionalidad del Tribunal para apreciar la «reconocida solvencia»; así como las escasas ventajas que el depósito ofrece en relación con el pago, puede decirse que, en la práctica, no venía admitiéndose otra forma de garantía que el aval bancario.; POSIBILIDAD DE OBTENER LA SUSPENSIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA MEDIANTE GARANTÍA DIFERENTE DEL AVAL BANCARIO (Sentencia del TSJ de Valencia de 8-6-92)

1.283: NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RETENER (Resolución del TEAC de 22-10-91); Documentos-Autores, 1 de Octubre de 1992; 1. Planteamiento La resolución citada plantea y resuelve una cuestión que, aunque de transcendencia relativamente menor, es importante por su generalidad, ya que, prácticamente, afecta a todos los pagadores de rendimientos sujetos a retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto sobre sociedades. Se trata de determinar si el nacimiento de la obligación de retener se produce en el momento en que se satisface el rendimiento; o bien en el momento en que éste es exigible, con independencia de que haya sido o no efectivamente satisfecho. En el caso concreto que se resuelve, se trataba de unas participaciones estatutarias en beneficios del Consejo de administración, que habían sido acordadas y contabilizadas, sin que los interesados hubieran llegado a exigir el pago efectivo. Pese a ello, el Tribunal entiende que la obligación de retener y de ingresar el importe retenido nació en el momento de la exigibilidad. El Tribunal fundamenta esta solución, básicamente en el artículo 26.1 de la LIRPF de 1978 y en el artículo 109 del RIRPF de 1979. Ambos preceptos establecen, como regla general, la de que los ingresos y gastos que determinan la base imponible del impuesto se imputarán al período en que se hubiesen devengado los unos y producido los otros, con independencia del momento en que se realicen los correspondientes cobros y pagos. Sólo excepcionalmente se permite la imputación al período impositivo en que se realice el cobro cuando se trate de rendimientos que, aún habiendo sido exigibles en períodos anteriores, no pudieron percibirse por circunstancias justificadas no imputables al perceptor.; NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RETENER (Resolución del TEAC de 22-10-91)

1.284: TRAMITACIÓN DE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES ANTE EL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO; Documentos-Autores, 1 de Octubre de 1992; 1. Planteamiento En el informe 39/92, bajo el título de «Jurisprudencia Tributaria del Tribunal de Luxemburgo» transcribimos una breve glosa y resumen de un reciente libro sobre la materia de nuestro asociado Luis Docavo Alberti. A este propósito, la presidencia de la Asociación nos ha sugerido la conveniencia de exponer las vías procedimentales de acceso al Tribunal de Luxemburgo para el contribuyente de a pie, con indicación de los trámites concretos a seguir. Aun cuando ya habíamos tratado del tema en un informe anterior, el 46/90, «El planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo», lo cierto es que en dicho trabajo se echa a faltar la aludida concreción de los diversos pasos procedimentales. Por ello, recogiendo la acertada sugerencia de nuestro compañero Espinosa, nos ocuparemos de ello en el presente trabajo, ampliando el contenido del citado 46/90.; TRAMITACIÓN DE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES ANTE EL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO

1.285: ÚLTIMA PALABRA -ESPEREMOS- SOBRE EL CÓMPUTO DEL PERÍODO DE IMPOSICIÓN CON OCASIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES; Documentos-Autores, 1 de Octubre de 1992; En nuestros trabajos 31/91 y 28/92 nos ocupábamos del tema enunciado, sosteniendo la tesis de que la transformación de sociedades anónimas en limitadas o viceversa no implicaba necesariamente cierre del período impositivo a efectos del impuesto sobre sociedades. En sentido opuesto se había pronunciado la Dirección General de Tributos en su resolución de 26 de julio de 1992, que aparece publicada en el nº 19 de Tribuna Fiscal. El Sr. director general de Tributos ha tenido la amable deferencia de responder particularmente a una carta que, planteándole la cuestión, le había sido dirigida por el presidente de nuestra Asociación, Sr. Espinosa, quien también se había ocupado del tema en diversos trabajos periodísticos. Juzgamos de interés transcribir el texto íntegro de la respuesta, para general conocimiento de los asociados: «En relación con su escrito de fecha 23 de julio del corriente año concerniente a los supuestos de transformación de sociedades, realizados para dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/1989, de 25 de julio, respecto de los cuales el Decreto Foral 51/1992, de 7 de julio, ha establecido la no aplicación de lo dispuesto en el artículo 170.1.a) del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, ha de considerarse que el citado precepto es reproducción literal del artículo 21.1.a) de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, lo que determina y condiciona el rango normativo de una eventual modificación.; ÚLTIMA PALABRA -ESPEREMOS- SOBRE EL CÓMPUTO DEL PERÍODO DE IMPOSICIÓN CON OCASIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES

1.286: LA MALA FE COMO CRITERIO DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN GRAVE (Informe del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, de 10 de febrero de 1992); Documentos-Autores, 1 de Septiembre de 1992; El texto del informe de referencia cuyo conocimiento consideramos de general interés para los asociados es el siguiente: «Consideraciones: El apartado c) del artículo 82 de la Ley General Tributaria establece como criterio de graduación de las sanciones tributarias "la buena o mala fe de los sujetos infractores", circunstancia ésta que, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 11.2 del Real Decreto 2631/1985, es de aplicación en todos los tipos de infracciones tributarias. La concreción reglamentaria de cada una de las circunstancias de graduación que prevé el artículo 82 de la Ley General Tributaria se ha dirigido, respecto de la buena o mala fe del sujeto infractor, a objetivarla y relacionarla con el cumplimiento de las obligaciones formales y contables. En efecto, el artículo 14 del Real Decreto 2631/1985 establece: "1. Para apreciar la buena o mala fe de los sujetos infractores, a efectos de lo previsto en los artículos anteriores, se atenderá a las características de su conducta en el incumplimiento de las obligaciones tributarias.; LA MALA FE COMO CRITERIO DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN GRAVE (Informe del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, de 10 de febrero de 1992)

1.287: INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS; Documentos-Autores, 1 de Septiembre de 1992; En el trabajo citado en el encabezamiento elogiábamos la objetividad del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, que en su Circular nº 1/1992, de 2 de abril, declaraba -interpretando correctamente las disposiciones legales y reglamentarias vigentes- que la falta de presentación de declaraciones de alta, variación o baja, así como la presentación de declaraciones incorrectas en el IAE, constituye infracción tributaria simple, sancionable con arreglo al artículo 83 de la LGT y no infracción grave, sancionable en virtud del artículo 79 a). Por nuestra parte, matizábamos que existe un supuesto -excepcional- en el que la inexactitud en la declaración del IAE puede constituir infracción grave: el de que, como consecuencia de la declaración inexacta se disfrutase de algún beneficio fiscal o se obtuviesen devoluciones. Es el caso, por ejemplo, del profesional que disfrutase de la bonificación por primeros años de ejercicio, siendo esta circunstancia falsa. En tal caso se incurriría en la infracción grave tipificada en el artículo 79-b) LGT: «disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones».; INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

1.288: ADJUDICACIONES EN PAGO DE DEUDAS, ADJUDICACIONES PARA PAGO DE DEUDAS, ADJUDICACIONES EN PAGO DE ASUNCIÓN DE DEUDAS (Resoluciones del TEAC de 23 de julio y 26 de noviembre de 1991); Documentos-Autores, 1 de Septiembre de 1992; Las resoluciones citadas en el encabezamiento, publicadas en el número 139 de la revista Siete, hacen referencia a tres figuras afines pero diferenciadas, cuyo tratamiento en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales es diverso, como veremos a continuación. En el artículo 7-2º A del texto refundido del impuesto se atribuye la consideración de transmisiones patrimoniales a: «Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas. Los adjudicatarios para pago de deudas que acrediten haber transmitido al acreedor en solvencia de su crédito, dentro del plazo de dos años, los mismos bienes o derechos que les fueron adjudicados y los que justifiquen haberlos transmitido a un tercero para este objeto, dentro del mismo plazo, podrán exigir la devolución del Impuesto satisfecho por tales adjudicaciones.» El artículo 55-1º del texto refundido de 1967, antecedente inmediato del precepto transcrito se refería a : «Las adjudicaciones expresas de bienes o derechos de todas clases en pago de deudas, o de su asunción, o para pago de ellas.»; ADJUDICACIONES EN PAGO DE DEUDAS, ADJUDICACIONES PARA PAGO DE DEUDAS, ADJUDICACIONES EN PAGO DE ASUNCIÓN DE DEUDAS (Resoluciones del TEAC de 23 de julio y 26 de noviembre de 1991)

1.289: DICTAMEN SOBRE LA SUPUESTA SUJECIÓN A IRPF, OBLIGACIÓN REAL, DE LOS RENDIMIENTOS DE INMUEBLES NO ARRENDADOS PROPIEDAD DE NO RESIDEN¬TES; Documentos-Autores, 1 de Septiembre de 1992; CONSULTA PLANTEADA La delegación de la Asociación de la zona 7ª nos ha hecho llegar copia de una comunicación que, al parecer, están recibiendo masivamente los no residentes personas físicas, propietarios de inmuebles de uso propio en Andalucía. En dicha comunicación se indica que el interesado ha presentado declaración por impuesto sobre el patrimonio, obligación real, por el ejercicio de 1990, pero no ha presentado declaración por IRPF, modelo 210, tributación de no residentes sin establecimiento permanente. En vista de ello, se le notifica que la Administración practicará liquidación provisional por este segundo concepto, concediéndose un trámite de audiencia por período de 15 días para que los interesados puedan formular alegaciones. Con este motivo, se solicita dictamen sobre la siguiente cuestión: Si bajo la normativa vigente hasta 31 de diciembre 1991, los rendimientos presuntos de bienes inmuebles no arrendados propiedad de personas físicas no residentes en España estaban sujetos a IRPF, obligación real de contribuir.; DICTAMEN SOBRE LA SUPUESTA SUJECIÓN A IRPF, OBLIGACIÓN REAL, DE LOS RENDIMIENTOS DE INMUEBLES NO ARRENDADOS PROPIEDAD DE NO RESIDENTES

1.290: CUANTÍA EN LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS ACUMULADAS Y EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. COMUNICACIÓN DE LA CUANTÍA A EFECTOS DE RECURSO DE ALZADA EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA; Documentos-Autores, 1 de Julio de 1992; 1. La cuantía en el recurso contencioso-administrativo acumulado La Sentencia citada en el encabezamiento resuelve un recurso de apelación que tenía por objeto doce liquidaciones por Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos, de diversas cuantías, que habían sido objeto de sucesiva reclamación económico-administrativa y recurso contencioso-administrativo. El Tribunal se plantea, como cuestión previa, la admisibilidad del recurso por razón de la cuantía. Siete de las liquidaciones impugnadas eran de cuantía inferior a 500.000 pts., cuantía, que, hasta la entrada en vigor de la ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal delimitaba la posibilidad del recurso de alzada en vía contencioso-administrativa. El Tribunal declara la inadmisibilidad de la apelación en cuanto a estas siete liquidacio¬nes, basándose en que, con arreglo al artículo 50-3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es improcedente apelar aquellas pretensiones de cuantía inferior a la legalmente determinada al efecto, aun cuando se hubieran resuelto acumuladamente, en vía administrativa o jurisdiccional, con otras pretensiones que sí permitan dicho acceso. El Tribunal Supremo invoca, a este respecto, su propia doctrina en sentencias de 7-12-89, 19 y 22-1, 19, 20, 22 y 27-2, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 20, 21 y 22-3, 11, 12 y 19-5-1990 y 15-2-1991. Aun cuando el recurso de apelación en vía contenciosa haya sido suprimido por la ya citada ley 10/1992, la doctrina no ha perdido actualidad, ya que seguirá siendo aplicable en relación con la cuantía de 6.000.000 pts. que en la actualidad delimita la posibilidad de interponer recurso de casación.; CUANTÍA EN LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS ACUMULADAS Y EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. COMUNICACIÓN DE LA CUANTÍA A EFECTOS DE RECURSO DE ALZADA EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

1.291: JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA DEL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO; Documentos-Autores, 1 de Julio de 1992; En el trabajo 46/1990 nos referíamos a una vía procedimental poco transitada y que, en determinados casos, puede ser de positivo interés: el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en aquellos casos en que la legislación interna española pudiese ser contraria a una norma comunitaria y la decisión dependiese de la interpretación de esta última. Los asesores fiscales españoles somos poco tendentes, no ya a acudir a esta vía procedimental, sino ni tan si quiera a invocar en nuestros alegatos la ya relativamente abundante jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. La causa hay que buscarla, por un lado, en la escasa difusión de esta jurisprudencia. De otro lado, en su relativamente reducido ámbito de aplicación directa, que, por el momento, se limita al IVA, a los impuestos especiales, a determinados tributos indirectos que pudiesen entrar en colisión con el IVA y, en materia de impuestos directos, a las pocas cuestiones que han sido objeto de armonización en el marco de la Comunidad. Las anteriores reflexiones nos han sido sugeridas por la lectura del libro de Luis Docavo Alberti, miembro de nuestra Asociación, «Jurisprudencia Tributaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», en el que se reseñan y comentan las sentencias en materia tributaria del Tribunal de Luxemburgo desde el año 1986 hasta finales de 1990. Creemos de interés para los asociados glosar brevemente por nuestra parte algunas de las reseñas de Docavo. No pretendemos, por supuesto, sustituir la consulta directa del original, sino, por el contrario, incitar a ella. En honor a la brevedad que nos hemos autoimpuesto, nos limitaremos a un reducido número de sentencias: aquellas cuyos pronunciamientos podrían ser directamente aplicables en España o que sientan doctrina de carácter general que pudiera tener interés al margen de la cuestión concreta resuelta.; JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA DEL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO

1.292: TRANSPARENCIA FISCAL, RETRIBUCIONES EN ESPECIE, INCREMENTOS PATRIMONIA¬LES; Documentos-Autores, 1 de Julio de 1992; La Dirección General de Tributos ha brindado a nuestra Asociación el buen gesto de responder -y de responder en breve plazo- a una serie de consultas que le fueron formuladas, como secuela de las conclusiones de nuestras últimas jornadas nacionales de estudio. En un cierto sentido, todas las respuestas son igualmente satisfactorias, porque siempre es satisfactorio que la Administración atienda a las inquietudes de los administrados. En otro sentido, unas respuestas son más satisfactorias que otras. Cada miembro de la Asociación podrá juzgar por sí mismo, puesto que a continuación se transmite el texto íntegro. Por nuestra parte, adjuntamos una breve glosa y comentario. Como de costumbre, el comentario expresa, tan solo, la insignificante opinión personal de quien lo firma. 1. Transparencia fiscal 1.1 Imputación de deducciones y bonificaciones en las sociedades transparentes con base imponible negativa La DGT entiende que la imputación de bonificaciones y deducciones aparece legal y reglamentariamente vinculada a la imputación de bases imponibles positivas. En consecuencia, si la base imponible de la sociedad transparente es negativa, no procede deducir bonificaciones ni deducciones. En nuestro trabajo 8/92, apartado 2.9. -al que nos remitimos para evitar repeticiones- hemos defendido la solución contraria, en la que nos mantenemos. De todas formas, no hay que afligirse ni ahogarse en poca agua: si la sociedad transparente tiene pérdidas, por ejemplo, de 500.000 pts. el día de cierre del ejercicio social los socios pueden hacerle una donación de 501.000 pts., con lo que la base imponible será positiva y podrán imputarse las deducciones y bonificaciones.; TRANSPARENCIA FISCAL, RETRIBUCIONES EN ESPECIE, INCREMENTOS PATRIMONIALES

1.293: TRIBUTACIÓN POR IRPF DE LAS BECAS DE ESTUDIOS Y AYUDAS A LA INVESTIGA¬CIÓN (Resolución del TEAC de 30 de octubre de 1991); Documentos-Autores, 1 de Julio de 1992; 1.- Normativa vigente hasta 31-12-91 La normativa del IRPF aplicable hasta el año 1991 no contenía ninguna alusión a las becas o ayudas de investigación, salvo la contenida en el artículo 9-3 del Reglamento, cuando dispone que: «No tendrán la consideración de premios las becas, ayudas y, en general, las cantidades de dinero destinadas a la financiación previa o simultánea de obras o trabajos relativos a las materias citadas en el apartado 1 anterior.» Cuyo apartado 1 se refiere al «reconocimiento de la calidad en unas obras literarias, artísticas o científicas». Ante este casi total silencio, las posibles clasificaciones tributarias de las becas o ayudas de investigación son las siguientes: A) Como ingresos no sujetos. B) Como incrementos patrimoniales. C) Como rendimientos del trabajo. D) Como rendimientos de una actividad profesional. Por estas dos últimas conceptuaciones -alternativamente y según las circunstancias concurrentes en cada caso- se pronuncia la Resolución del TEAC de 30 de octubre de 1991 .; TRIBUTACIÓN POR IRPF DE LAS BECAS DE ESTUDIOS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN (Resolución del TEAC de 30 de octubre de 1991)

1.294: UNA MODESTA PROPOSICIÓN PARA VELAR POR LA PUREZA DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN; Documentos-Autores, 1 de Julio de 1992, AEDAF; No hace mucho que el profesor Ferreiro, en un admirable trabajo que hemos tenido ocasión de citar en otras ocasiones apuntaba la posible inconstitucionalidad del esquema organizativo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por oponerse al mandato del artículo 103-1 CE, según el cual la Administración pública ha de servir con objetividad los intereses generales. Pero, aun sin remontarnos a las alturas constitucionales, que a este humilde comentarista, acostumbrado a caminar a ras de suelo, le producen vértigo, hay motivos para sustentar que todos o la mayoría de los actos administrativos que emanan de la Agencia pueden incurrir en infracción de la legalidad ordinaria. Nuestra modesta proposición, conducente a velar por la pureza del procedimiento de inspección, consiste en sugerir a los asociados que lo tengan a bien, que en sus escritos de alegaciones frente a las actas de disconformidad, añadan al final un otrosí del siguiente o parecido tenor -cada cual lo redactará con su propio estilo, pues no pretendemos dictar-:; UNA MODESTA PROPOSICIÓN PARA VELAR POR LA PUREZA DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

1.295: GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN SIMPLE; Documentos-Autores, 1 de Julio de 1992; 1. Planteamiento Hace tiempo que, en la relación de temas en cartera como posible objeto de estos trabajos, teníamos anotado el que figura en el título. Dos anécdotas recientes nos han motivado para escribir «ya» sobre el tema. Anécdota primera: un asociado de Cataluña nos ha enviado un informe inspector en el que se propone la imposición de una sanción con una fórmula de graduación un tanto peculiar. Anécdota segunda: en el Boletín de la Asociación correspondiente al bimestre mayo-junio se inserta la siguiente cita: «En materia de sanciones, la seguridad jurídica exige que la tipificación sea lo más precisa posible, evitando fórmulas discrecionales, y, sobre todo, que las sanciones sean proporcionadas al daño, al engaño y a la importancia de la infracción.» El texto está extraído de unas declaraciones a «Expansión» de Rafael Mendizábal, ex-presidente de la Audiencia Nacional y actual magistrado del Tribunal Constitucional. Como puede observarse, el ilustre magistrado se refiere directamente a la tipificación de las infracciones e indirectamente a la graduación de las sanciones, al predicar la proporcionalidad entre éstas y aquéllas.; GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN SIMPLE

1.296: LA DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN DE DIVIDENDOS CON OCASIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES; Documentos-Autores, 1 de Julio de 1992; 1. Planteamiento En nuestro trabajo 63/91 nos ocupábamos del tema enunciado en el encabezamiento desde el punto de vista de la normativa vigente hasta 1991, a propósito de la aparente antinomia entre los artículos 81.1 y 127.5 del IRPF de 1981. La conclusión a la que llegábamos era que, tanto bajo la normativa antigua, como bajo la nueva, el tratamiento de las cuotas de liquidación de sociedades era el de incrementos o disminuciones patrimoniales, y no el de rendimientos del capital mobiliario, como parecía desprenderse del citado artículo 127.5; y que, con independencia de ello, el socio tenía derecho a la deducción por doble imposición de dividendos por la parte de la cuota de disolución que correspondiera a beneficios no distribuidos. El presidente de la Asociación nos transmite una consulta planteada por el compañero de Vizcaya Santiago Pérez Eguizábal a la Administración Tributaria de dicho territorio. Los términos de la consulta y los del extracto que adjunta Francisco Espinosa nos incitan a intentar profundizar sobre el tema desde el punto de vista de la normativa que entró en vigor el 1 de enero de 1992: artículos 45-dos-c), 48-uno-e) y 78-siete-a) de la ley 18/91 y artículo 36-seis, del reglamento aprobado por R.D. 1841/91.; LA DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN DE DIVIDENDOS CON OCASIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES

1.297: MODIFICACIONES EN EL RIRPF Y EN EL REAL DECRETO REGULADOR DE LAS DECLARACIONES DE OBLIGACIONES CON TERCEROS (Real Decreto 753/1992, de 26 de junio); Documentos-Autores, 1 de Julio de 1992; Con frecuencia muy de agradecer, el Ministerio de Economía y Hacienda suele recordarnos la fugacidad de las cosas terrenales, al modificar sus propias disposiciones a los pocos meses de su entrada en vigor, cuando no lo hace -caso del IAE- antes del comienzo de su vigencia. Decimos que es de agradecer, porque todas la éticas superiores -desde la budista a la cristiana, pasando por la estoica- recomiendan la consideración de la inanidad de lo perecedero, como vía para acceder a la Verdad y el Bien. En el terreno de la estética, el tema del «carpe dieno» ha sido dilecto de los más altos poetas: Villon, Manrique, Carner...-«Oh, nova glòria, bentost memòria!»-... En esta ocasión, el Ministerio de Economía y Hacienda, siempre a la vanguardia de la ética y de la estética, batiría su propio récord -el RIRPF se modifica a los cinco meses y veintiséis días de su entrada en vigor- si no lo hubiera batido ya en el caso del IAE ya citado. 1. Retenciones por rendimientos del trabajo o pagos fraccionados por rendimientos empresariales obtenidos en Ceuta y Melilla En el artículo 46 del RIRPF, que establece la tabla de porcentajes de retención para los rendimientos del trabajo, se introduce un nuevo apartado, según el cual, cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta, Melilla o sus dependencias, el porcentaje de retención se dividirá por dos.; MODIFICACIONES EN EL RIRPF Y EN EL REAL DECRETO REGULADOR DE LAS DECLARACIONES DE OBLIGACIONES CON TERCEROS (Real Decreto 753/1992, de 26 de junio)

1.298: INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN POR FALTA DE CULPABILIDAD: CONOCIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE POR LA ADMINISTRACIÓN (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991); Documentos-Autores, 1 de Julio de 1992; Es bien conocida la reiteradísima doctrina del Tribunal Supremo, según la cual no puede apreciarse la comisión de una infracción tributaria si no concurren dolo o negligencia imputables al presunto infractor. La propia Administración hizo suya esta doctrina en su encomiable Circular de la Dirección General de Inspección Tributaria de 29 de febrero de 1988. Es de lamentar que, una vez que la Administración activa perdió el santo temor reverencial al Tribunal Constitucional, el papel en que fue estampada la Circular Bisiesta haya adquirido una grado de humedad alarmante, al menos en el ámbito territorial de Catalunya, donde su falta de aplicación reviste caracteres de sistemático cinismo. Creemos de interés para los asociados reseñar brevemente la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 (ponente Sr. Mendizábal Allende) , porque, aunque la doctrina no es nueva, el supuesto de hecho al que se aplica ofrece algún matiz diferencial de positivo interés práctico. Se trataba de una empresa operadora de máquinas de juego, que había obtenido la pertinente autorización administrativa del Ministerio del Interior para cada una de las máquinas que explotaba, pero que no había presentado las correspondientes declaraciones a efectos de la Tasa Estatal sobre el Juego.; INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN POR FALTA DE CULPABILIDAD: CONOCIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE POR LA ADMINISTRACIÓN (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991)

1.299: NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO DE O.M. POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES CONTABLES Y REGISTRALES EN EL IRPF; Documentos-Autores, 1 de Julio de 1992; La Dirección General de la AEAT, con fecha 14 del corriente mes de julio, remitió a la presidencia de nuestra Asociación el proyecto al que hace referencia el encabezamiento, con solicitud de informe sobre el mismo. El día 24 siguiente, la Asociación remitió el informe solicitado, redactado por el Sr. Bujidos, con algunas observaciones adicionales del firmante de la presente nota. Para información de los asociados, extractamos el contenido del proyecto de O.M. y, paralelamente, las observaciones de nuestro Gabinete de Estudios. Los números uno y dos de la O.M. desarrollan el contenido de los libros registros que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento, deben llevar los profesionales, así como los sujetos pasivos y entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales que determinen el rendimiento neto por el método de estimación objetiva por coeficientes. El informe de nuestra Asociación indica la conveniencia de simplificar las obligaciones formales, estableciendo unos modelos únicos que pudieran servir, indistintamente, para el cumplimiento de las obligaciones formales en IRPF y en IVA.; NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO DE O.M. POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES CONTABLES Y REGISTRALES EN EL IRPF

1.300: LAS REVALORIZACIONES CONTABLES SON COMPENSABLES CON PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Resolución del TEAC de 2 de julio de 1991); Documentos-Autores, 1 de Junio de 1992; En el trabajo 20/1990, bajo el título de «Posibilidad de revalorizaciones del inmovilizado antes y después de la reforma de la legislación mercantil», nos planteábamos la siguiente cuestión: si las plusvalías puestas de manifiesto en simples anotaciones contables son susceptibles de compensación con pérdidas de ejercicios anteriores. La conclusión a la que llegábamos era afirmativa, si bien con la cautela, a partir de la entrada en vigor de la ley 19/1989, de reforma de la legislación mercantil, «de la existencia de cualificadas opiniones en contrario». Nos complace reseñar la resolución del TEAC de 2 de julio de 1991 que, a nuestro juicio, viene a confirmar la tesis que entonces sustentábamos, y ello tanto con anterioridad como con posterioridad a la reforma de la legislación mercantil.; LAS REVALORIZACIONES CONTABLES SON COMPENSABLES CON PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Resolución del TEAC de 2 de julio de 1991)